Buenas prácticas de los sistemas de apoyo para la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad

En este informe, presentado en cumplimiento de la resolución 49/12 del Consejo de Derechos Humanos, se examinan las buenas prácticas en materia de sistemas de apoyo para la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad.
En el informe, que amplía el anteriormente solicitado por el Consejo en su resolución 49/12, se ofrecen ejemplos de buenas prácticas relativas a sistemas de apoyo y cuidados que responden a las cuestiones de género y son inclusivos de la discapacidad, y se definen esferas clave de política que hacen posible que las personas con discapacidad vivan de forma independiente en su comunidad.

Entre otros, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recomendado a los Estados partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que adopten y apliquen estrategias de desinstitucionalización para garantizar el derecho a vivir en la comunidad.

 

El ACNUDH reitera las conclusiones formuladas en su informe anterior114 y, basándose en las buenas prácticas, recomienda a los Estados que:
a) Establezcan estructuras de gobernanza para la coordinación intersectorial mediante marcos jurídicos, de política, institucionales y administrativos adecuados, lo cual comprende evaluaciones de la discapacidad, para los sistemas de apoyo y cuidados, y colaboren con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como con las comunidades que las apoyan, en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación;
b) Fortalezcan la recopilación de datos y la gestión de la información a fin de determinar a cabalidad las necesidades de apoyo y cuidados y mejoren la precisión y eficacia de la recopilación de datos, entre otras cosas mediante evaluaciones no medicalizadas de la discapacidad;
c) Combinen herramientas financieras como los incentivos fiscales, las subvenciones, las políticas de contratación pública y la cooperación internacional para movilizar recursos y apoyen políticas innovadoras que tengan en cuenta el género, la edad y la discapacidad, fomentando sistemas de atención y apoyo basados en los derechos humanos en el marco del paradigma en evolución de las economías de derechos humanos: la movilización de recursos no debe conducir a una denegación de la capacidad de acción ni a la institucionalización;
d) Implanten sistemas integrales de protección social que aborden los costos adicionales relacionados con la discapacidad y redoblen los esfuerzos para ampliar el acceso a los sistemas de transferencias monetarias no contributivas, sobre todo en los países de ingreso bajo y mediano, sin exigir la “incapacidad laboral” como criterio para acceder a la financiación, y estudien la posibilidad de combinarlos con programas de protección social integral;
e) Garanticen el acceso a tecnologías y productos de apoyo, combinen las transferencias en efectivo con beneficios y privilegios, como las exenciones fiscales, las exoneraciones de tasas, los descuentos y las subvenciones, a fin de aliviar la carga financiera que soportan las personas con discapacidad, y presten la debida atención a las barreras específicas a las que se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad para acceder a esos servicios, prestaciones y productos, adoptando medidas concretas para eliminar dichas barreras;
f) En lo que respecta al apoyo y los cuidados no remunerados de las personas con discapacidad, pongan en marcha políticas para reducir sus efectos, dando prioridad a enfoques que tengan en cuenta los aspectos culturales y respeten las elecciones y la dignidad de las personas con discapacidad, al tiempo que se fomenta la participación de los miembros de la familia y la comunidad en las conversaciones sobre las estructuras de apoyo y cuidados;
g) Introduzcan prestaciones en efectivo, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano, incluidos desembolsos en efectivo para el cuidado, subsidios y vales para los cuidadores, proporcionen a las familias asesoramiento, información y formación sobre el apoyo a las personas con discapacidad y promuevan las modalidades de trabajo que favorecen la conciliación con la vida familiar;
h) Incrementen las inversiones en servicios de apoyo humano remunerados, incluido el apoyo entre iguales, especialmente en las zonas rurales y remotas, con el propósito de reducir las disparidades de acceso, e introduzcan los pagos directos y los presupuestos personales para empoderar a las personas con discapacidad con respecto a la elección de los servicios de apoyo, entre los que figura la asistencia personal;
i) Mejoren las condiciones laborales de los cuidadores y trabajadores de apoyo, predominantemente mujeres y niñas, aborden las disparidades de género, amplíen los servicios de apoyo individualizados y refuercen las redes de apoyo comunitarias y la resiliencia y sostenibilidad de las comunidades para distribuir mejor el trabajo de cuidados y apoyo en las estructuras comunitarias y reducir los costos;
j) Garanticen la disponibilidad de transporte asequible, accesible y de puerta a puerta para las personas con discapacidad a fin de mejorar su participación en la comunidad, ofrezcan opciones de paratránsito como complemento a los servicios de transporte público y promuevan innovaciones y ofrezcan ventajas, subvenciones y tarifas reducidas para las personas con discapacidad y las personas que les prestan asistencia en diversos modos de transporte;
k) Apoyen la adquisición de viviendas, el arrendamiento de propiedades y la modificación de viviendas para personas con discapacidad, procurando evitar los prejuicios sexistas;
l) Velen por que la inclusión en la comunidad sea una consideración primordial en las deliberaciones y la aplicación de políticas y programas de vivienda para personas con discapacidad, en pleno cumplimiento del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
m) Aprovechen la tecnología digital para reforzar los sistemas de apoyo a las personas con discapacidad, mitigando al mismo tiempo los riesgos relacionados con la falta de acceso, la discriminación, la privacidad, la protección de datos, la seguridad y la transparencia, garanticen la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar” a este respecto y tengan debidamente en cuenta las observaciones y recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas cuando diseñen planes estratégicos y marcos normativos propicios destinados a establecer sistemas de apoyo y cuidados que tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad y a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente en su comunidad;
n) Aseguren que la cuestión del “apoyo” se incluya en los debates y documentos relacionados con la economía asistencial, reflejando los marcos y perspectivas de la discapacidad;
o) Estudien la posibilidad de crear un centro mundial de conocimientos con el objetivo de: i) agilizar la generación de conocimientos; ii) abordar las deficiencias en lo referente a incorporar la inclusión de la discapacidad en la elaboración y aplicación de políticas relacionadas con el apoyo y el cuidado; iii) impulsar una agenda económica completa en materia de apoyo y cuidados; iv) facilitar la colaboración internacional (incluida la cooperación Sur-Sur y triangular) para atender eficazmente a las personas con discapacidad; y v) convertir la investigación en ayuda tangible para los gobiernos.